𝐏𝐨𝐫: 𝐇𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮̈𝐞𝐧𝐬𝐞.
La sesión extraordinaria de la 𝐎𝐄𝐀, la nominación de 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢 y la nueva 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 podrían formar parte de una presión gradual, coordinada y multidimensional contra la tiranía nicaragüense
Desde mi perspectiva como nicaragüense comprometido con la recuperación de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, considero de especial importancia la iniciativa presentada por los senadores estadounidenses 𝐓𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝐲 𝐓𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐢𝐧𝐞 para reautorizar y ampliar las sanciones contempladas en la Ley de 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 en Nicaragua de 2018, conocida como 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭.
El proyecto 𝐒. 𝟓𝟑𝟔𝟗 fue introducido en el Senado el 7 de agosto de 2026, leído en dos ocasiones y remitido al 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬. Por tanto, todavía se encuentra en su etapa inicial: no constituye una ley vigente ni produce automáticamente nuevas sanciones. Sin embargo, su presentación representa una señal política que el régimen 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚-𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 no debería subestimar.
En lo personal, sí me identifico con los principios fundamentales del plan de gobierno republicano, especialmente con una política exterior firme frente a los regímenes autoritarios, la defensa de la libertad, el respeto a la soberanía nacional, la protección de los valores tradicionales y la exigencia de consecuencias para quienes destruyen las instituciones democráticas.
Mi valoración favorable de esta iniciativa no responde únicamente a la identidad partidaria de uno de sus promotores. Se fundamenta, principalmente, en su posible utilidad para elevar el costo político, financiero y diplomático que debe asumir una dictadura responsable de encarcelamientos, confiscaciones, destierros, persecución religiosa y destrucción del orden constitucional.
𝐋𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭.
La 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭 fue promulgada el 20 de diciembre de 2018 con el propósito de condicionar el respaldo de 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 a determinados préstamos otorgados al Gobierno de Nicaragua por instituciones financieras internacionales, mientras las autoridades nicaragüenses no adoptaran medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.
Esta legislación también incorporó mecanismos para sancionar a personas vinculadas con graves violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y ataques contra las instituciones democráticas. A su vez, estableció excepciones relacionadas con necesidades humanas básicas y proyectos destinados a beneficiar directamente a la población.
A mi juicio, esta diferenciación debe conservarse. La presión internacional no puede dirigirse indiscriminadamente contra el pueblo de Nicaragua. Debe concentrarse en los funcionarios, operadores políticos, instituciones represivas, testaferros y sectores económicos que proporcionan recursos a la estructura de poder de 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 y 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨.
El objetivo oficialmente registrado del proyecto 𝐒. 𝟓𝟑𝟔𝟗 es reautorizar y ampliar la imposición de sanciones bajo la 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭. No obstante, mientras su texto completo no sea publicado y examinado, considero responsable no atribuirle disposiciones específicas que todavía no estén confirmadas.
𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚.
La iniciativa legislativa no se produjo de manera aislada. Durante las semanas anteriores, la Administración del presidente 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 realizó varios movimientos relacionados con Nicaragua.
El 21 de julio, el secretario de Estado, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨, emitió un pronunciamiento titulado Un llamado a la acción: respuesta a la promesa de la dictadura 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨-𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 de abolir las elecciones. El mensaje defendió el derecho de los nicaragüenses a escoger a sus gobernantes y planteó la necesidad de responder ante la nueva escalada autoritaria.
Posteriormente, el 5 de agosto, el 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨𝐬 celebró una sesión extraordinaria para analizar el agravamiento de la crisis política, democrática y de derechos humanos en Nicaragua. También se consideró un proyecto destinado a convocar una 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬.
Durante esa sesión, 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 pidió una respuesta regional colectiva y presentó la situación de Nicaragua no solamente como una crisis democrática interna, sino como una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio. Esta modificación del lenguaje no me parece accidental. Puede representar un intento de ampliar la dimensión jurídica y política desde la cual la comunidad internacional analiza el comportamiento del régimen.
Aunque el proyecto para convocar a los cancilleres no fue sometido a votación, no comparto las interpretaciones que presentan aquella sesión como un fracaso. Jurídicamente no puede calificarse como derrotada una iniciativa que nunca fue votada. La reunión volvió a colocar a Nicaragua en la agenda hemisférica y permitió conocer las posiciones de los Estados antes de avanzar hacia una decisión formal.
El 7 de agosto, el presidente 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 remitió al Senado la nominación de 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢, diplomática de carrera y miembro del 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 con rango de ministra consejera, para ocupar el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos ante Nicaragua.
Franceschi todavía debe ser confirmada por el Senado. Por esa razón, jurídicamente corresponde referirse a ella como nominada al cargo y no como embajadora en funciones.
Ese mismo día fue presentado el proyecto 𝐒. 𝟓𝟑𝟔𝟗 para reautorizar y ampliar la 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭. La proximidad entre estos acontecimientos justifica analizar si la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso están preparando una estrategia más amplia de presión contra 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 y 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚
Hasta ahora no se ha publicado un documento oficial que confirme la existencia de un plan integral que vincule formalmente todas estas acciones. Por ello, lo siguiente debe entenderse como una interpretación política fundamentada en la secuencia de los acontecimientos y no como la afirmación de un hecho oficialmente comprobado.
Desde mi perspectiva, la posible estrategia estadounidense podría estar desarrollándose en varios frentes complementarios.
𝟏. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮̈𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐚𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚.
La primera línea consistiría en dejar de presentar a Nicaragua únicamente como un país con problemas internos de democracia y derechos humanos.
Al describir a la dictadura como una amenaza para la paz y la seguridad regional, 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 amplía la discusión hacia las consecuencias hemisféricas de la represión: migración forzada, inestabilidad política, alianzas con gobiernos autoritarios y debilitamiento del sistema interamericano.
También deben considerarse los vínculos del régimen 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚-𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 con gobiernos señalados o sancionados internacionalmente por graves violaciones de derechos humanos. Algunos de esos aliados, como 𝐈𝐫𝐚́𝐧 y 𝐂𝐮𝐛𝐚, han sido incluidos formalmente por el 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 estadounidense entre los Estados patrocinadores del terrorismo.
Nicaragua también ha profundizado su relación con 𝗥𝘂𝘀𝗶𝗮. El 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐬𝐨𝐫𝐨 ha documentado la presencia en Managua de un centro de entrenamiento adscrito al 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐑𝐮𝐬𝐨, señalado por proporcionar formación a la 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 dentro de un modelo de represión contra la disidencia.
Estos vínculos no significan, por sí solos, que Nicaragua pueda ser jurídicamente calificada como patrocinadora del terrorismo. Sin embargo, considero legítimo analizar los riesgos que representa para la seguridad hemisférica su acercamiento político, ideológico y operativo a regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos y, en determinados casos, de financiar, respaldar o promover organizaciones terroristas.
Este enfoque podría facilitar la construcción de una respuesta regional más amplia y aumentar el costo diplomático del régimen.
𝟐. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.
La sesión del 5 de agosto también pudo funcionar como una consulta política para conocer qué países estarían dispuestos a respaldar una 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬.
En lugar de precipitar una votación sin contar previamente con los apoyos necesarios, la Administración estadounidense podría estar tratando de construir gradualmente una coalición hemisférica.
Si esta interpretación es correcta, la ausencia de votación no representaría una renuncia, sino una etapa preliminar de negociación diplomática. El propósito sería sumar apoyos antes de presentar nuevamente el proyecto o una versión modificada.
𝟑. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚.
La nominación de 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢 indica que 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 no está abandonando el frente diplomático. Por el contrario, parece interesado en mantener una representación profesional con capacidad para observar, informar, coordinar y transmitir directamente la posición de 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧.
La designación de una diplomática de carrera puede permitir que la Administración mantenga canales institucionales sin normalizar ni legitimar a la dictadura.
Al mismo tiempo, la reautorización de la 𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗔𝗰𝘁 proporcionaría el componente económico y sancionatorio. La posible estrategia no consistiría únicamente en dialogar, sino en respaldar la diplomacia con consecuencias.
𝟒. 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚.
Las órdenes ejecutivas pueden ser modificadas por una administración posterior. Una legislación aprobada por ambas cámaras y promulgada por el presidente proporciona mayor estabilidad jurídica.
La reautorización de la 𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗔𝗰𝘁 podría permitir que la presión contra el régimen no dependa exclusivamente de decisiones administrativas temporales. Su aprobación enviaría el mensaje de que la rendición de cuentas continuará mientras no existan cambios democráticos verificables.
𝟓. 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.
El factor tiempo también resulta importante. El régimen pretende continuar modificando el orden constitucional para excluir adversarios, prolongar los mandatos y eliminar cualquier posibilidad de competencia política real.
La estrategia estadounidense podría buscar una respuesta antes de que esas reformas sean definitivamente incorporadas al sistema jurídico controlado por 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 𝐲 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨. No impediría por sí sola su aprobación, pero permitiría dejar establecido que la comunidad internacional no reconocerá como democrático un sistema construido para perpetuar a una familia en el poder.
𝐌𝐢 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞𝐳𝐚.
Desde mi perspectiva, estos movimientos guardan coherencia con una política republicana que procura defender los intereses de 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 y enfrentar con mayor determinación a los regímenes autoritarios del hemisferio.
Comulgo con una visión política que defiende la libertad individual, la propiedad privada, la familia, la fe, la soberanía nacional y la responsabilidad de los gobernantes ante la ley. También comparto la necesidad de impedir que el continente continúe siendo utilizado para la expansión de proyectos autoritarios que destruyen las instituciones republicanas.
Sin embargo, respaldar una política de firmeza no significa aceptar automáticamente cualquier medida. Cada iniciativa debe analizarse jurídicamente, valorar sus consecuencias y garantizar que las sanciones recaigan sobre los responsables de la represión y no sobre las familias nicaragüenses.
La firmeza debe estar acompañada de inteligencia estratégica, coordinación diplomática y salvaguardas humanitarias.
𝐍𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚-𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨.
La dictadura intenta presentar toda sanción internacional como una agresión contra Nicaragua. Esa narrativa busca identificar deliberadamente al país con quienes se han apropiado del Estado.
Nicaragua no es 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 ni 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨. El Estado pertenece a todos los nicaragüenses y no puede continuar siendo utilizado como patrimonio de una familia, un partido político o una estructura represiva.
Por esa razón, cualquier ampliación de la 𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐜𝐭 debe concentrarse en quienes sostienen, financian o se benefician directamente del aparato de persecución. También debe preservar las excepciones necesarias para la alimentación, la salud, la asistencia humanitaria y los proyectos que beneficien directamente a la población.
𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬.
La iniciativa de los senadores 𝐂𝐫𝐮𝐳 y 𝐊𝐚𝐢𝐧𝐞 no resolverá por sí sola la crisis nacional. Ninguna legislación extranjera puede sustituir la responsabilidad que tenemos los nicaragüenses de trabajar por la recuperación de la República.
No obstante, considero que puede convertirse en una herramienta importante dentro de una estrategia más amplia: movilizar a la 𝐎𝐄𝐀, fortalecer la representación diplomática, reactivar las sanciones y advertir que la eliminación definitiva de las elecciones tendrá consecuencias.
La comunidad internacional no puede limitarse indefinidamente a expresar preocupación. La diplomacia debe estar acompañada de consecuencias jurídicas, políticas y financieras.
Cualquier solución debe partir de exigencias verificables: liberación de todos los presos políticos, cese de la persecución, restitución de las libertades públicas, devolución de las propiedades confiscadas y reconstrucción integral del sistema constitucional, institucional y electoral.
No considero responsable promover el retorno inmediato de los exiliados mientras Ortega-Murillo y su estructura represiva continúen controlando el Estado. Bajo las condiciones actuales no existen garantías jurídicas, institucionales ni de seguridad que protejan a quienes fueron perseguidos, desterrados o despojados de su nacionalidad y sus bienes.
Lo más razonable es que los organismos internacionales vigilen la evolución de la crisis, documenten las violaciones, exijan responsabilidades y acompañen la preparación de una transición democrática verificable. También deberán contribuir a reconstruir las condiciones institucionales necesarias para que, una vez desaparecida la estructura de persecución y establecidas garantías reales, los exiliados puedan decidir libremente si desean regresar.
El retorno deberá ser voluntario, digno y acompañado internacionalmente. Solo podrá plantearse cuando existan garantías efectivas de seguridad, restitución de derechos, reconocimiento de la nacionalidad, devolución o reparación por los bienes confiscados y acceso a una justicia independiente.
Mientras la tiranía permanezca en el poder, no existe un retorno seguro. Primero deben restablecerse la democracia, el Estado de derecho y las garantías fundamentales; únicamente después podrá comenzar, con acompañamiento internacional, el regreso digno de los nicaragüenses obligados a abandonar su patria.
Desde mi perspectiva, la 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 parece estar colocando progresivamente las piezas de una estrategia de presión sobre el régimen 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚-𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨. Todavía es prematuro asegurar cuál será su alcance definitivo, pero la dirección de los acontecimientos resulta clara: 𝐍𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 y la tiranía comienza a enfrentar una etapa de mayor escrutinio, aislamiento y posibles consecuencias.
𝐏𝐨𝐫: 𝐇𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳
𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮̈𝐞𝐧𝐬𝐞.
Si apoyas nuestro trabajo o te gusta el contenido de lo que aquí se publica y para que podamos seguir llevándote la verdad con objetividad:
¡Únete a PeterJungla!
Dando “like” a lo que publicamos o compartiendo lo que publicamos en Facebook o Twitter.
Si lo haces, únete usando el hashtag o la etiqueta #QuienDijoQue y siguiendo nuestra cuenta @QuienDijoQueNic.
Cada retweet nos ayudara a que nuestro mensaje llegue a todos.
Un retweet es de mucha importancia ya que amplifica nuestra historia y mensaje.
Usa en el hashtag o la etiqueta #QuienDijoQue y siempre haz retweet
Somos antisandinistas y apoyamos La Vida, Propiedad Privada, La Libertad Individual y La Libertad de Expresión.
¡Gracias!
¡Que Dios Bendiga a Nicaragua!
Designed with WordPress
