Por María Nicaragua.
El #esbirro y criminal de lesa humanidad José Manuel Fuertes Toledo, originario de #Boaco, ha sido investido hoy como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de #Nicaragua, (Corte de la suprema injusticia).
Emerge no como jurista de trayectoria intachable, sino como el epítome del homo politicus convertido en homo juridicus por decreto de la lealtad. Su ascenso no es el fruto de una carrera forjada en el estudio del derecho o en la dialéctica de la jurisprudencia; es la coronación de una trayectoria de sabueso fiel donde la autoridad se mide por la capacidad de desplegar el aparato coercitivo y no por la scientia iuris.
En Boaco, a Manuel Fuertes se le conoce como “el cacique”. El que controla todo. Nada se mueve sin su consentimiento. Durante muchos años ejerció como secretario político del Frente Sandinista. Nunca fue conocido por administrar el imperio de la ley, sino el de la conveniencia partidaria.
En 2007 fue diputado suplente. Fue casado con Karla Yaoska Espinoza Peña, exalcaldesa corrupta de Boaco y lame botas de la #pareja #dictatorial #OrtegaMurillo. ¡Tal para cual!
En la conocida “piñata” que ejecutó el #FSLN en 1989-1990, antes de entregar el poder a Violeta B. de Chamorro, Manuel fuertes se robó la casa que perteneció al señor Mauricio Martínez, donde ahora vive su expareja Pastora Urbina, y que sirvió de guarida a los esbirros de Seguridad del Estado bajo su dirección durante la “robolución” sandinista de los años 80.
Las denuncias de 2018 lo sitúan como el director de una persecución selectiva: el rociado de ácido sulfúrico sobre manifestantes, ese acto de violencia química que no solo lesiona la integridad física, sino que constituye, en términos de derecho penal contemporáneo, un atentado contra la dignidad humana equiparable a la tortura. Víctimas con cicatrices permanentes en rostro y visión deteriorada no enfrentaron a un juez imparcial, sino a la impunidad estructural que protege al perro fiel del régimen.
El 25 de mayo de 2018, aproximadamente a las dos de la tarde, Manuel Fuertes Toledo, secretario político y ex jefe de la tenebrosa Seguridad del Estado de Boaco, acompañado de un grupo de paramilitares atacaron con armas el tranque de “El Quebracho”, en Boaco. El ataque dejó cuatro heridos de gravedad por parte de los manifestantes. En la confusión, los mismos paramilitares dispararon a su chofer de nombre Gastón Palacios, el cual los había transportado hasta el tranque en una camioneta.
Palacios murió en el hospital como consecuencias de las heridas y echaron la responsabilidad del crimen a los manifestantes “tranqueros”, que luego se convirtieron en presos políticos y actualmente están en el exilio: Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, William Efraín Picado Duarte y Reynaldo Lira Lúquez, de Boaco.
Ahora, investido de la potestad de la Sala Civil y de la vicepresidencia del máximo tribunal, el criminal de lesa humanidad Manuel Fuertes ilustra la paradoja del Estado de excepción permanente disfrazado de normalidad constitucional. El magistrado que nunca cultivó la interpretatio iuris con rigor académico ocupa el sitial donde debería prevalecer la fundamentación racional de las decisiones y la equidad.
La ironía es casi jurídica en su perfección. El hombre acusado de haber convertido la protesta ciudadana en delito merecedor de castigo corporal ahora se sienta en el órgano que debería ser el último baluarte contra la arbitrariedad. No hay aquí la gravedad del juez que sopesa pruebas y precedentes; hay la liviandad del operador que ha trascendido de la práctica de la represión callejera a la teoría de la subordinación institucional.
En el lenguaje de la teoría del Estado, Fuertes personifica la captura total del poder judicial por el poder ejecutivo fusionado: la coordinación constitucional se revela como simple obediencia debida al mando dual: Ortega y Murillo.
Este ascenso no es la de un jurista que alcanza la cumbre por mérito, sino la de un funcionario de aparato que alcanza la cumbre porque el sistema ya no distingue entre la ley y la voluntad del gobernante.
En la Nicaragua contemporánea, la justicia se ha convertido en el último disfraz del poder bruto. Y José Manuel Fuertes Toledo, con su historial de ejecutor regional y su actual investidura, es uno de sus rostros más elocuentes: no el de la sabiduría, sino el de la instrumentalización consumada.
Es importante recordar que, en 1984, el esbirro y ahora vicepresidente de la CSJ, Manuel Fuertes, siendo el jefe de la tenebrosa seguridad del Estado en Boaco, ejecutó una redadada contra varios ciudadanos boaqueños acusándolos de estar planificando “células terroristas”. Fuertes y sus secuaces secuestraron con lujo de violencia a los siguientes ciudadanos: Francisco Cordero Montiel, Santos Taleno, don Emilio Campos, don Roberto Mora, Ricardo Mora y Francisco Sotelo.
Como podemos constatar, su designación ante la CSJ no responde a la idoneidad exigida por los cánones del Estado de Derecho, sino a la necesidad política de rodear el Poder Judicial de serviles cuya lealtad se garantiza precisamente por el historial de actos de lesa humanidad que los ata al poder. Manuel Fuertes no es un hombre bueno experto en derecho, sino un instrumento del régimen sandinista criminal.
Autor: María Libertad Nicaragua, 2 de septiembre 2026
Si apoyas nuestro trabajo o te gusta el contenido de lo que aquí se publica y para que podamos seguir llevándote la verdad con objetividad:
¡Únete a PeterJungla!
Dando “like” a lo que publicamos o compartiendo lo que publicamos en Facebook o Twitter.
Si lo haces, únete usando el hashtag o la etiqueta #QuienDijoQue y siguiendo nuestra cuenta @QuienDijoQueNic.
Cada retweet nos ayudara a que nuestro mensaje llegue a todos.
Un retweet es de mucha importancia ya que amplifica nuestra historia y mensaje.
Usa en el hashtag o la etiqueta #QuienDijoQue y siempre haz retweet
Somos antisandinistas y apoyamos La Vida, Propiedad Privada, La Libertad Individual y La Libertad de Expresión.
¡Gracias!
¡Que Dios Bendiga a Nicaragua!
Designed with WordPress
