Por Hader González
𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐎𝐄𝐀 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨́ 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐣𝐨́ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮̈𝐞𝐧𝐬𝐞. 𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨: 𝐬𝐮 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨́ 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐦𝐚𝐝𝐚. 𝐑𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐮𝐧𝐢𝐝𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚 𝐮𝐧 ❞𝐩𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐨❞ 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró este miércoles una sesión extraordinaria solicitada por Estados Unidos y respaldada por varios países del hemisferio, para analizar el agravamiento de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.
La reunión tuvo como punto central el proyecto de resolución destinado a convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores antes del 1 de septiembre.
La iniciativa respondió a un hecho de extraordinaria gravedad: el anuncio de 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 de cerrar definitivamente la vía electoral y promover nuevas reformas constitucionales dirigidas a perpetuar en el poder a la estructura 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚-𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 y excluir a quienes el régimen considera opositores.
No se trata de una simple controversia sobre el diseño institucional interno. La supresión de elecciones periódicas y auténticas equivale a negar a la ciudadanía su condición de fuente de legitimidad del poder público.
La reunión de cancilleres no fue convocada en esta sesión. Sin embargo, la precisión jurídica es indispensable: el proyecto estadounidense no fue sometido a votación y, por consiguiente, no fue rechazado por el Consejo Permanente. La votación quedó pendiente. No existe un resultado oficial que permita afirmar que dieciocho Estados votaron en contra o que la OEA desestimó el fondo de la propuesta.
Esta diferencia no es semántica. En una organización internacional, una propuesta rechazada ha recibido una decisión formal adversa; una propuesta pendiente conserva viabilidad política y procesal. Puede volver a ser presentada, negociada, modificada o impulsada por Estados Unidos y por cualquiera de sus copatrocinadores.
𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐬𝐢́ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐣𝐨 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬.
El hecho de que no se alcanzara una decisión inmediata no vuelve inútil la gestión estadounidense. La solicitud consiguió que la crisis nicaragüense fuera discutida en una sesión extraordinaria formal, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expusiera la situación de represión y falta de garantías, y que numerosas delegaciones dejaran registrada su preocupación por la eliminación de elecciones, la concentración del poder y el deterioro de los derechos humanos.
Varias representaciones respaldaron la necesidad de preservar elecciones libres, periódicas y competitivas. Incluso México y Brasil, que consideraron prematuro elevar el asunto a cancilleres y defendieron una vía de diálogo, reconocieron la afectación que supondría privar al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir.
Esa discrepancia sobre el mecanismo no elimina el punto sustantivo que quedó instalado en el expediente político hemisférico: abolir las elecciones es incompatible con la democracia representativa.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, también advirtió que la erosión democrática en Nicaragua produce consecuencias regionales. Por ello, la sesión no puede describirse irresponsablemente como un acto sin resultado. No produjo todavía la decisión jurídica buscada, pero sí amplió el registro diplomático de la crisis, identificó las objeciones de algunos Estados y dejó abierto un instrumento concreto para la acción colectiva.
𝐋𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐚.
Los 𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝟔𝟏 𝐲 𝟔𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐎𝐄𝐀 establecen que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores puede celebrarse para considerar problemas urgentes y de interés común de los Estados americanos. Cualquier Estado miembro puede solicitarla y corresponde al Consejo Permanente decidir su procedencia por mayoría absoluta.
Por tanto, 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 actuó dentro de una competencia expresamente prevista por el derecho interamericano. La falta de una votación, no extingue esa facultad ni impide que el proyecto vuelva a discutirse. Tampoco borra la urgencia que justificó la solicitud.
En cuanto al fondo, el 𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝟑 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚reconoce como elementos esenciales de la democracia representativa:
• La celebración de elecciones periódicas, libres y justas.
• El régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
• El acceso al poder con sujeción al Estado de derecho.
• La separación e independencia de los poderes públicos.
• El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
A su vez, el 𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝟐𝟑 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 protege el derecho de la ciudadanía a votar y ser elegida en elecciones periódicas auténticas, mediante sufragio universal, igual y secreto.
El retiro de Nicaragua de la 𝗢𝗘𝗔, efectivo en noviembre de 2023, no dejó a la población fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Nicaragua continúa vinculada por los tratados internacionales de los que sigue siendo parte, incluida la Convención Americana, y la 𝐂𝐈𝐃𝐇 ha reafirmado su competencia respecto del país.
El régimen pudo retirar al Estado de la Organización; no pudo retirar a los nicaragüenses la titularidad de sus derechos.
𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐊𝐨𝐳𝐚𝐤: 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮̈𝐞𝐧𝐬𝐞.
La participación de 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐊𝐨𝐳𝐚𝐤, 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐇𝐞𝐦𝐢𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐎𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨, constituyó uno de los momentos más relevantes de la sesión.
Kozak no se limitó a describir el deterioro institucional: exigió que el hemisferio pasara de las declaraciones a una respuesta formal, institucional y colectiva.
Su pregunta resumió la dimensión humana de la crisis: ❞¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐫𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐦𝐨𝐬❞.
Al concluir, transmitió un mensaje igualmente importante a quienes padecen persecución, prisión, destierro, desnacionalización y confiscación: ❞𝐔𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬❞.
Estas palabras tienen valor político porque rompen la narrativa con la que el régimen intenta presentar el aislamiento de Nicaragua como una decisión soberana sin víctimas. La cuestión no es únicamente la relación de un gobierno con la 𝙊𝙀𝘼. En el centro se encuentran millones de nicaragüenses privados de mecanismos efectivos para elegir, fiscalizar y sustituir pacíficamente a quienes ejercen el poder.
La intervención de Kozak también reflejó una experiencia histórica. Al recordar la actuación interamericana frente a la dictadura somocista y el costo humano de no acompañar las declaraciones con consecuencias reales, planteó una advertencia que el hemisferio no debería ignorar: la demora internacional no es neutral cuando un régimen clausura todos los caminos institucionales.
𝐔𝐧𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐨́𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥.
Resulta legítimo examinar críticamente la estrategia diplomática de Estados Unidos. También es razonable preguntar si existió suficiente negociación previa o si el proyecto debe ajustarse para construir la mayoría requerida.
Lo que no resulta profesional es presentar como derrota jurídica aquello que nunca fue sometido a votación.
El diario 𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐨́ 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 la valoración de que la gestión fue un “patinazo”, bajo el argumento de que antes de presentar una solicitud en la 𝑶𝑬𝑨 debe conocerse con cuántos votos se cuenta.
El anonimato de una fuente no invalida por sí mismo el trabajo periodístico; en ocasiones es necesario para protegerla. Pero una opinión anónima tampoco adquiere por esa sola condición el carácter de decisión institucional ni puede sustituir el acta, la votación o el pronunciamiento oficial del organismo.
𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨𝐬:
• La reunión de cancilleres no fue convocada.
• El proyecto no fue sometido a votación.
• La propuesta puede ser retomada en el futuro.
Calificar políticamente el episodio es parte del debate público, pero esa calificación debe presentarse como opinión y no como prueba de que la iniciativa fracasó definitivamente.
Además, la diplomacia no se limita a presentar únicamente proyectos cuyo resultado esté garantizado de antemano. También sirve para obligar a los Estados a definir posiciones, identificar resistencias, construir coaliciones, elevar el costo político del silencio y preparar decisiones futuras. La sesión de este 5 de agosto cumplió varias de esas funciones.
Eso no excluye una lección práctica: Estados Unidos y los copatrocinadores deben intensificar desde ahora las consultas, responder a las objeciones formuladas por Brasil y México y consolidar una mayoría que permita llevar el proyecto a votación antes de que el régimen consume nuevas reformas.
Reconocer esa necesidad es análisis diplomático; descalificar toda la iniciativa porque no hubo votación es una simplificación.
𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐦𝐢𝐬𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞.
La 𝗢𝗘𝗔 fue creada sobre la premisa de que la democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad regional no son asuntos completamente aislados entre sí.
Cuando un gobierno anuncia que la ciudadanía ya no podrá sustituirlo mediante elecciones, el problema deja de ser una diferencia ideológica y se convierte en una ruptura de principios esenciales del orden interamericano.
Los Estados que reconocieron la gravedad de la situación tienen ahora la responsabilidad de transformar sus declaraciones en una decisión institucional. Estados Unidos y los países copatrocinadores conservan la posibilidad jurídica y política de reactivar el proyecto. Los gobiernos que todavía dudan deberán explicar si el diálogo que proponen cuenta con condiciones, plazos y consecuencias verificables, o si terminará funcionando como una nueva prórroga para la consolidación autoritaria.
La sesión de este miércoles 5 de agosto no debe ser presentada como el final de una iniciativa, sino como el comienzo de una nueva etapa de presión diplomática. La votación quedó pendiente; la obligación de defender el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes también.
❞𝐋𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢́𝐚𝐬. 𝐄𝐥 𝐬𝐮𝐟𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐧𝐨❞.
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