Cada línea qué se lee en el informe del Senado de los Estados Unidos de 1992, te das cuenta que los Sandinistas hicieron añicos el sueño económico de miles de nicaragüenses y de ciudadanos estadounidenses, que robaron a diestra y siniestra sin importar quienes eran, si era una señora mayor de edad, Teodolinda Becklin, o Edith Cohen que le robaron una fábrica de caramelos “El Chipirul”, además de eso, su casa fue confiscada y ocupada por el ministro de Energía sandinista, Emilio Rappaccioli, que al separarse de su esposa se la dio a ella y la puso a su nombre.
Rappaccioli fue Ministro del Gobierno de Chamorro.
Nicaragua Investiga está haciendo un buen trabajo desenmascarando a cada ladrón sandinista y a otros miembros de la élite política nicaragüense que hicieron lo mismo con la bendición sandinista y de la señora Chamorro.
En esta Cuarta Parte, hay nombres que nadie conoce o si se conocen se están borrando de la memoria de los que vivieron esa época, por eso es importante dejar escrito que fue lo que realmente sucedió en la década perdida de los ochenta. En la lista aparecen dos norteamericanos que residían en Boaco, sus nombre son Jorge C. Smith y su hijo Jorge C. Smith Pastora, a los dos les robaron lo que habían construido con dedicación y mucho trabajo; a todas las victimas de las confiscaciones se les debe por lo menos recordarlos para que el pueblo nicaragüense no olvide su historia y no repetir lo malo de ella.
G. RECONCILIACIÓN CON LOS SANDINISTAS
Desde que la presidenta Chamorro llegó al poder, su política ha sido de cooperación y aquiescencia con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando los sandinistas fueron derrotados en las urnas, había grandes esperanzas en todo el mundo de que la democracia se estableciera en Nicaragua.
El apoyo financiero y moral para la Sra. Chamorro y el nuevo Gobierno llegó de todo el mundo. Pero ha hecho poco para mantener el apoyo y la confianza del pueblo de Nicaragua, la coalición de partidos que la apoyaron durante las elecciones, o los ex miembros de la Resistencia nicaragüense que lucharon durante 10 años para liberar a Nicaragua.
Después de que la Sra. Chamorro llegara al poder, el sindicato sandinista, la Federación Nacional de Trabajadores, se declaró en huelga. Cuando estalló la violencia, las fuerzas de seguridad sandinistas hicieron poco para frenar la violencia callejera.
El gobierno de Chamorro capitulaba ante prácticamente todas las demandas de los huelguistas. Aumentó los salarios de los empleados estatales, fortaleció la seguridad laboral para la arraigada burocracia sandinista, garantizó subsidios de transporte continuos y prometió mantener las leyes y decretos de confiscación.
La política de reconciliación con los sandinistas ha resultado en la perpetuación de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
El personal republicano de la SFRC ha compilado una lista de 217 excombatientes de la Resistencia Nicaragüense que han sido asesinados desde que Violeta Chamorro llegó al poder. (Ver capítulo sobre miembros asesinados de la Resistencia) Según los líderes de derechos humanos, prácticamente todos los asesinatos de un excombatiente de la Resistencia pueden atribuirse a una de las fuerzas de seguridad sandinistas u organizaciones paramilitares. Nadie ha pagado nunca por estos crímenes.
Docenas de líderes nicaragüenses dijeron al personal que estos abusos contra los derechos humanos no cesarán hasta que haya una reforma militar y judicial radical, y hasta que todos los sandinistas de alto rango sean retirados de todas las fuerzas de seguridad.
Estos mismos nicaragüenses han explicado que nunca habrá un estado de derecho en Nicaragua hasta que la Corte Suprema esté fuera del control de los sandinistas y hasta que se enmiende la Constitución sandinista de 1987. A partir de esta fecha, los sandinistas controlan cinco de los nueve escaños de la Corte Suprema. La Sra. Chamorro tiene el poder de nombrar a tantos jueces como elija para que los sandinistas no mantengan una mayoría. Ella ha decidido no hacerlo.
Del hecho de que la coalición que encabezó hizo campaña por 17 cambios constitucionales.
H. Culminación
En los últimos dos años, muchos nicaragüenses nos han hablado de su preocupación de que la asistencia económica de los Estados Unidos esté siendo mal utilizada, beneficiando a familiares y amigos de los que están en el poder y respaldando a los sandinistas. Este informe confirma muchas de estas acusaciones.
El curso que la Sra. Chamorro ha elegido seguir hasta ahora ha obligado a la coalición de la ONU, que la apoyó durante las elecciones, a pasar a un papel de oposición contra el Gobierno. En la Asamblea Nacional, los sandinistas están ahora en alianza con la Sra. Chamorro, Antonio Lacayo y Humberto Ortega. Los legisladores de la coalición de la ONU ahora se oponen a las políticas clave del Gobierno, la permanencia del General Ortega en el poder y la asociación del Gobierno de Chamorro con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Los arquitectos de las políticas del gobierno de Nicaragua son el yerno de Chamorro y Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo y el jefe del Ejército Popular Sandinista, el general Humberto Ortega. Una fuente bien versada en la política nicaragüense y que conoce bien a la Sra. Chamorro le dijo al personal republicano de la SFRC que tanto Lacayo como el general Ortega deben abandonar el gobierno nicaragüense por el bien del país. Según esta fuente, un hombre no puede sobrevivir sin el otro, y el país no puede sobrevivir si ninguno de los dos permanece en el poder.
Este informe no cuestiona si el pueblo nicaragüense tomó o no la decisión correcta al elegir a la Sra. Chamorro, ya que se trata de una cuestión de soberanía nacional. Más bien, este informe plantea preguntas sobre la legitimidad de enviar a EE. UU. El dinero de los contribuyentes para apoyar al actual gobierno de Nicaragua. Estas preguntas incluyen:
Cuando los sandinistas perdieron las elecciones y obtuvieron solo el 40,8 por ciento de los votos,
- ¿por qué todavía tienen el control absoluto del Ejército, la Policía Nacional?,
- ¿el aparato de inteligencia?,
- ¿todos los tribunales y todos los órganos principales del Gobierno?
- ¿Por qué el país todavía gobierna bajo la Constitución Sandinista de 1987
- ¿Por qué parece que nada, excepto el desarme de la Resistencia de Nicaragua se ha producido por un cambio desde entonces?
- ¿Las elecciones de 1990?
- ¿Por qué debería usarse el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos para apoyar a este gobierno, tal como está constituido ahora?
II. El fracaso para devolver las propiedades confiscadas
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Gobierno de Nicaragua hoy en día es la falta de devolución de decenas de miles de viviendas, negocios y parcelas de tierra confiscadas. El personal republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC) ha realizado una investigación exhaustiva sobre el tema de las propiedades confiscadas. Hemos recibido literalmente miles de cartas y llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses y nicaragüenses afirmando que han intentado recuperar sus propiedades confiscadas, pero todo ha sido en vano.
Basándonos en conversaciones con las autoridades legales del Gobierno de los Estados Unidos, opinamos que la ley de los Estados Unidos prohíbe a este país continuar enviando asistencia extranjera al Gobierno de Nicaragua en las circunstancias actuales. La ayuda extranjera debe seguir suspendiéndose al Gobierno de Nicaragua como lo ha hecho con otros países centroamericanos hasta que todas las propiedades confiscadas se devuelvan a los ciudadanos estadounidenses.
Creemos que el gobierno de Chamorro no ha demostrado de buena fe el retorno de propiedades confiscada. Según el señor Oscar Herdocia, un prominente jurista nicaragüense, esto puede ser en parte de que la misma señora Chamorro firmó quince decretos para confiscar cuando ella fue parte de la Junta Sandinista. (La Presidente Chamorro le ofreció a un lugar en la Corte suprema, lo cual él se negó.) Y desde que ella ha sido presidente ha firmado dos decretos ejecutivos más validando los tres decretos sandinistas de marzo de 1990.
A. EL NÚMERO DE PROPIEDADES CONFISCADAS
A partir del 1 de agosto, el personal ha recopilado información sobre 465 ciudadanos estadounidenses que tienen una o más propiedades confiscadas en Nicaragua. En total, estimamos que las reclamaciones de estos 465 estadounidenses son por lo menos 2,000 casas, parcelas de tierra, y negocios.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos han proveído una lista de 284 estadounidenses que se han puesto en contacto con la Embajada de los Estados Unidos con reclamaciones de propiedad.
Es razonable suponer que todavía puede haber cientos de ciudadanos estadounidenses que aún no han presentado reclamaciones para la devolución de la propiedad porque no desean gastar los recursos necesarios hasta que vean un compromiso por parte del Gobierno de Nicaragua para devolver las propiedades confiscadas.
El Gobierno de Nicaragua no solo no ha resuelto las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos, sino que tampoco ha devuelto la propiedad confiscada a miles de ciudadanos nicaragüenses. Los ciudadanos nicaragüenses deben acercarse al Gobierno de Nicaragua directamente o a través de la representación legal. La presidente Chamorro ha dicho a los miembros del Congreso de los Estados Unidos que confiscaron las propiedades nicaragüenses un total de 18.000. Otras estimaciones creíbles alcanzan hasta 30.000 casas, negocios y parcelas de tierra. Además, allí hay ciudadanos de muchos países latinoamericanos y de países europeos que son dueños de propiedades confiscadas en Nicaragua. Ciudadanos de todas las nacionalidades no han podido recuperar sus propiedades confiscadas.
B. EL “PROCESO” PARA PRESENTAR RECLAMACIONES DE PROPIEDAD
Uno de los principales problemas para resolver el problema de la propiedad en Nicaragua es la falta de un procedimiento definido para presentar una reclamación.
Poco después de que el Gobierno de Chamorro entrara en el cargo en abril de 1990, se creó la Comisión Nacional de Revisión bajo el Fiscal General para facilitar la devolución de todas las propiedades confiscadas.
A los demandantes se les dijo que solo tenían seis meses para presentar todas las reclamaciones.
Muchos ciudadanos estadounidenses presentaron reclamos en la Oficina del Fiscal General en ese momento. De hecho, los ciudadanos estadounidenses continuaron presentando reclamaciones tanto ante la Embajada de Estados Unidos en Managua como a la oficina del Fiscal General durante un período de dos años.
En mayo de 1991, se ordenó por decreto que todos los archivos fueran transferidos de la Oficina del Fiscal General a la Oficina de Antonio Lacayo, yerno de la Sra. Chamorro y Ministro de la Presidencia. En esos archivos se incluyeron los casos de ciudadanos estadounidenses.
A finales de 1991, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua se hizo cargo de un caso de los estadounidenses con reclamo de propiedades en Nicaragua. Los expedientes de los estadounidenses que ya habían presentado demandas, sin embargo, nunca fueron transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, los estadounidenses que presentaron reclamaciones hace casi dos años, ahora están teniendo dificultades incluso para que se consideren sus casos.
A principio de este año, la Embajada de los Estados Unidos en Managua desarrolló un cuestionario para ciudadanos estadounidenses, con el fin de ayudar a la Embajada a procesar las solicitudes. Este era un formulario informal de dos páginas enviado a ciudadanos que ya se habían puesto en contacto con la Embajada de los Estados Unidos.
El 10 de junio de 1992, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó a la Embajada de los Estados Unidos que el Gobierno de Nicaragua que ahora iba a hacer un cuestionario que se requeriría como parte formal de un reclamo. Sin embargo, todos los ciudadanos estadounidenses con los que nos pusimos en contacto declararon que ni el Gobierno de Nicaragua ni la Embajada de los Estados Unidos les notificaron nunca que este nuevo cuestionario se había convertido repentinamente en un “requisito” para que el Gobierno de Nicaragua considerara una reclamación. La Embajada de los Estados Unidos envió una carta diciendo a la gente que el propósito del formulario era “ayudar” a la Embajada de los Estados Unidos, pero nunca se dijo que ahora era requerido por el Gobierno de Nicaragua para procesar una reclamación.
En consecuencia, posiblemente haya cientos de ciudadanos estadounidenses que ya han presentado reclamaciones ante la Embajada de los Estados Unidos o el Fiscal General de Nicaragua, y desconocen por completo que sus archivos ahora están siendo considerados “incompletos” por el Gobierno de Nicaragua, simplemente porque no han completado el nuevo cuestionario de dos páginas.
C. LA INACCIÓN DEL GOBIERNO DE NICARAGUA EN LA DEVOLUCIÓN DE PROPIEDADES CONFISCADAS
A pesar de la enormidad de esta crisis inmobiliaria, hay poca o ninguna evidencia de que el Gobierno de Nicaragua esté comprometido a retornar propiedades privadas que fueron robadas o confiscadas por el Sandinista. Si bien el Gobierno de Nicaragua ha declarado públicamente su compromiso de resolver las reclamaciones de propiedad, el historial de los últimos 28 meses pinta una imagen dramáticamente diferente.
Nuestra revisión ha encontrado que las explicaciones del gobierno de Nicaragua sobre la supuesta devolución de propiedades de ciudadanos estadounidenses son engañosas, inexactas o falsas. Los hallazgos de nuestro personal están totalmente de acuerdo con los hallazgos del borrador del informe de la Oficina General de Contabilidad (GAO) sobre Nicaragua (con fecha 4 de junio,1992) que afirma: “No encontramos ninguna evidencia durante nuestra revisión de que el Gobierno de Nicaragua esté en proceso de resolver las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses por propiedad expropiada.”
Una de las dos promesas de campaña del presidente Chamorro en 1990 fue la devolución de las propiedades confiscadas.
Funcionarios de los Estados Unidos de la Embajada de los Estados, y los nicaragüenses dentro y fuera del Gobierno, acordaron que sin una acción para asegurar el respeto del gobierno por la propiedad privada, habrá poca o ninguna inversión en Nicaragua. Todos los nicaragüenses que conocimos, con la excepción de los representantes del gobierno de Chamorro, acordaron que el historial del gobierno en esta puntuación es vergonzoso.
De particular preocupación es el hecho de que el gobierno de Nicaragua proporcionó material al personal republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y a otros miembros del Congreso, lo cual es factualmente incorrecto. Solo podemos llegar a la conclusión de que el Gobierno de Nicaragua no está informado o está delib-
Tratando de engañar al Congreso de los Estados Unidos proporcionando nombres de personas cuya propiedad no les ha sido devuelta. El personal republicano de la SFRC solo puede asumir que el gobierno de Nicaragua espera que el Congreso tome tales afirmaciones al pie de la letra.
El siguiente es un análisis de las medidas que el Gobierno de Nicaragua afirma haber tomado, seguido de documentación que refuta las afirmaciones de que ciertas propiedades han sido devueltas
Según el Fiscal General de Nicaragua y muchas otras personas a las que entrevistamos, la Comisión Nacional de Revisión fue muy ineficaz. No se estableció ningún mecanismo concreto para procesar las reclamaciones de propiedad, y los casos no se analizaron en ningún orden sistemático. El 13 de diciembre de 1991, la Asamblea Nacional confirmó el veto del presidente Chamorro de una ley destinada a establecer un mecanismo para devolver la propiedad. La presidenta Chamorro no ha presentado ninguna propuesta legislativa propia sobre este tema, y la Asamblea Nacional está planeando otro intento de aprobar una legislación que permita la devolución de los bienes confiscados.
A partir de mediados de 1991, el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo (quien ha sido acusado por el Contralor General de Nicaragua de estar involucrado en el robo de hasta 1 millón de dólares de la asistencia extranjera) tomó un paso inusual de transferir todos los archivos en lo que respecta a los reclamos de propiedad de la Oficina del Ministerio de Justicia a su oficina. Se reporta que ahora que él tiene 46,000 archivos en su oficina y un grupo de doce abogados están analizando los casos.
El Gobierno de Nicaragua, en los materiales presentados al personal de Republican del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (de fecha 6 de julio de 1992) afirma: “el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desarrollado una oficina que se dedicará exclusivamente a facilitar una resolución de la confiscación a los ciudadanos de los Estados Unidos. Los casos para ciudadanos nicaragüenses serán manejados en su totalidad por el Fiscal General”. Al 17 de julio de 1992, el Fiscal General no había recibido ninguno de los expedientes del Ministro de la Presidencia.
Además, el Ministro de Relaciones Exteriores nos aseguró que se creará un nuevo puesto de Fiscal General Adjunto para manejar las reclamaciones que involucren a estadounidenses y nicaragüenses. Hasta la fecha, el nuevo puesto no ha sido cubierto. En la situación que existe ahora, parece que el Gobierno de Nicaragua todavía tiene oficinas en competencia y no tiene una dirección central sobre este tema.
D. CASOS ESPECÍFICOS DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES
El Gobierno de Nicaragua ha presentado al personal republicano de la SFRC varias listas de ciudadanos estadounidenses a los que supuestamente se les han devuelto sus propiedades. Basándonos en las discusiones con las personas que figuran en la lista y el Comité para Recuperar Propiedades Estadounidenses Confiscadas en Nicaragua, hemos encontrado que la lista proporcionada es una lista errónea y en muchos casos, simplemente falso.
La primer lista proporcionada al personal en junio de 1992 contiene los nombres de nueve Ciudadanos Estadounidenses con la descripción correspondiente de la propiedad que supuestamente se retornó. Una segunda lista similar fechada en julio 6, 1992, contiene los de 21 estadounidenses. La lista proporcionada por el Gobierno de Nicaragua es re reproducida abajo.
Demandante Propiedades Returnadas
- 1. Smith C. Jorge Finca “La Trinidad” Finca “EI Muñeco” Finca “EI Diamante” Casa de Boaco
- 2. Kettel Charles Casa En Huehuete
- 3. Vasalli Roberto kencia Vasalli S.A., Almacenadora Del Pacifico Agropecuario “EI Charco”
- 4. Garold Larue Beneficio De Cafe En Sebaco
- 5. Alicia Clayton Casa En Pachomil
- 6. William Curtiss Hentgen Casa
- 7. María Luisa Labró Casa En EI Velero
- 8. Teodolinda Becklin 20 Casas Colonia Becklin
- 9. Lothrop Shirley Casa En Matagalpa.
- 10. Bendaña Frank Finca “EI Quetzal”
- 11. Freeman Frederick Centro Comercial En Estelí
- 12. Cohen Edith Fabrica “EI Chipirul”
- 13. Arthur Floyd Jones Acciones En: -Tip-Top -Encubadoras S.A.
- 14. Jorge Smith Pastora Finca “EI Campamento San Luis” Finca “San Jorge” Finca “EI Carmen”
- 15. Rosita Pellas Acciones En Ingenio San Antonio
- 16. Gloria Barton Acciones En Ingenio San Antonio
- 17. Tom Barton Acciones En Ingenio San Antonio
- 18. Sharon Barton Acciones En Ingenio San Antonio
- 19. Victoria Frauz Acciones En Ingenio San Antonio
- 20. Deborah Butter Acciones En Ingenio San Antonio
- 21. Kathy Whitney Acciones En Ingenio San Antonio
En ninguna de las listas menciona que en muchos casos la propiedad en específico es solamente una de varias propiedades que fueron confiscadas de cada individuo. La lista deja a los lectores con la impresión de que cada demandante ha estado completamente satisfecho.
El siguiente es un análisis de solo algunos de los casos que el Gobierno de Nicaragua proporcionó en la lista de 21 casos que afirman que están resueltos. El número a la izquierda de cada nombre corresponde al número de cada nombre en la lista proporcionada por los nicaragüenses
El caso para disputar las reclamaciones hechas por el Gobierno de Nicaragua. En la mayoría de los casos, las personas también presentaron documentos firmados que respaldan sus afirmaciones. Los nombres que se muestran son solo algunos ejemplos de la duplicidad del gobierno nicaragüense y reproducidas arriba. En casi cada caso, nuestra oficina fue contactada por el individuo, o un familiar cercano, o un abogado familiar con el caso para disputar las reclamaciones hecho por el Gobierno de Nicaragua. En muchos de los casos el individuo entregó documentos firmados apoyando sus afirmaciones. Los nombres mostrados son solo un puñado de ejemplos de la duplicidad del Gobierno de Nicaragua.
- El número 1, Jorge C. Smith, y su hijo el número 14. Jorge C. Smith Pastora los dos ya fallecidos. El heredero de estas propiedades es Luz Marina Benard de Smith, es la secretaria de la Presidencia Antonio Lacayo (lo que puede explicar por qué se devolvió esa propiedad en particular.) Si bien la lista indica que se devolvieron cuatro propiedades, tenemos una carta de la nuera de Jorge C. Smith (Julio 4, 1992) que afirma que no ha sido devuelta. Jorge Smith Pastora está en la lista como que ha recibido tres propiedades. Sin embargo, tenemos un documento firmado de su esposa (Luz Marina Benard de Smith), que indica que la finca no ha recibido una cuarta propiedad.
- El número 2, Charles Kettel, miembro del Comité para Recuperar Propiedades Estadounidenses Confiscadas en Nicaragua, también aparece en la lista con una casa devuelta. Cuando se enteró de que su nombre estaba circulando por el Gobierno de Nicaragua él escribió a la Embajada de los Estados Unidos: “Deseo dejar claro que, de hecho, todavía no se me ha devuelto nada legalmente a mí ni a ningún miembro de mi familia. La casa en Huehuete a la que se refieren como si este fuera nuestro único activo en Nicaragua, es una pequeña casa de playa rústica en la costa del Pacífico y no equivale ni siquiera el 3 por ciento de lo que nos han robado. Además, nos han dicho que esta devolución no es legal, sino que solo nos da el derecho de administrar la propiedad”. El Sr. Kettel no tiene título legal de la casa. El Sr. Kettel también detalla otras seis propiedades que ni siquiera se mencionan en la lista.
- El número 3, Roberto Vasalli aparece como que ha recibido tres propiedades confiscadas. Sin embargo, escribió para informarnos que, de esos tres, solo uno ha sido devuelto oficialmente. De hecho, el Gobierno de Nicaragua le está cobrando 3,2 millones de dólares para recuperar uno de los negocios que figuran como devueltos (Almacenadora del Pacífico). Con respecto a otra propiedad en la lista, Agropecuaria “El Charco”, el Gobierno de Nicaragua le está facturando por el equipo que se instaló mientras las propiedades fueron confiscadas. Mientras que Vasalli está dispuesto a pagar por el valor depreciado del equipo, el Gobierno le está cobrando por su valor original. El Sr. Vasalli también tiene reclamaciones sobre al menos otras seis propiedades o negocios que no están incluidos en la lista oficial del Gobierno. Durante los últimos dos años, el Sr. Vasalli ha gastado prácticamente todo su tiempo, y un gran porcentaje de sus recursos, tratando de recuperar sus propiedades y negocios.
- El Numero 4, Garold LaRue aparece que ha recibido una propiedad nombrada en Sebaco, Nicaragua. Sin embargo, al hablar con LaRue y su abogado, nos enteramos de que el Gobierno le informó que podía tomar posesión, pero cuando intentó hacerlo, fue re confiscada en menos de dos semanas por miembros de militares sandinistas. Después de más intentos de recuperar la propiedad, finalmente fue devuelta, pero había sido destruida físicamente. Por esa razón, no está dispuesto a firmar un documento que indique que la reclamación se ha resuelto, ya que no ha recibido ninguna compensación por la destrucción. La lista no menciona que LaRue tiene otras tres propiedades confiscadas que no han sido devueltas. Dos de ellas están ocupadas por sandinistas. Para lograr un progreso mínimo a la fecha, el señor LaRue viajó a Nicaragua por lo menos en siete ocasiones, agotando la mayoría de los ahorros de toda su vida.
- El número 6, William Curtiss Hentgen admite que la casa mencionada en la lista finalmente fue devuelta. Sin embargo, su esposa nos informó que la casa está en tan malas condiciones que es inhabitable y de valor mínimo. El Sr. Hentgen también posee otra propiedad en Chontales que no ha sido devuelta. También poseía acciones sustanciales en bancos que fueron confiscados y no han sido devueltos.
- El numero 7, María Luisa Labro está en la lista como que su casa ha sido retornada en El Velero. En realidad, ella no ha recibido su casa sino más bien recibió la casa de la playa en los primeros días de julio de 1992. En julio de 1992 ella escribió para informarnos que: “Todo ha sido saqueado, incluyendo, lavamanos, inodoros, duchas, puertas, aire acondicionados y hasta el panel eléctrico.” Su casa fue “vendida” por el Gobierno Sandinista y ha sido ocupada desde marzo 30, 1990 por un Capitán del Ejército Popular Sandinista. Otras propiedades que le pertenecieron a su difunto esposo (torturado y asesinado por los Sandinistas en 1978) tampoco han sido devueltas.
- El número 8, Teodolinda Becklin es una de las personas más destacadas de Nicaragua. Los sandinistas se apropiaron de todas sus propiedades y literalmente la dejaron en la calle. Su avanzada edad ha hecho que tratar de recuperar sus propiedades, ha sido extremadamente estresante. Ella está en la lista como ha recibido veinte propiedades de Becklin. Su sobrina sostiene que solo siete de esas propiedades han sido devueltas. Según se informa, el gobierno de Nicaragua ha establecido la condición de que el gobierno alquilará sus casas durante los próximos tres años y le dará solo 200 dólares estadounidenses al mes por cada casa.
- El número 12, Edith Cohen aparece como que recibió su fábrica de dulces “El Chipirul”. Ella nos informó que la fábrica fue devuelta, pero había sido destruida y ahora se utiliza para un almacén. Ella no recibió ninguna compensación por el daño. La lista no menciona que ella afirma que las fábricas textiles valoradas en 3 millones de dólares no han sido devueltas. Su residencia personal tampoco ha sido devuelta. Fue confiscada y ocupada por el ministro de Energía sandinista, Emilio Rappaccioli. La propiedad se pasó a la esposa de Rappaccioli como parte de un acuerdo de divorcio y se registró legalmente a nombre de su ex esposa después de que Chamorro fuera elegido. Según se informa, Rappaccioli se mudó a la casa confiscada de otro ciudadano estadounidense que ahora vive en Texas. Es importante enfatizar que Rappaccioli permanece en su puesto como Ministro del Gobierno de Chamorro.
- El número 13, Arthur Floyd Jones figura como receptor de acciones en empresas llamadas Tip Top y Encubadoras S.A. Jones sostiene que las acciones de Tip Top nunca fueron confiscadas en primer lugar. Las acciones de Encubadoras fueron vendidas por Jones en julio de 1991.
En resumen, el Gobierno afirma que devolvieron una propiedad que nunca fue confiscada, al tiempo que ignoraba las legítimas reclamaciones de Jones por tres casas. El 29 de julio de 1992, Jones nos escribió: “el gobierno nicaragüense no me ha devuelto ninguna propiedad que estoy reclamando”.
El 17 de julio de 1992, el Gobierno de Nicaragua presentó una lista de 22 estadounidenses que supuestamente tenían su propiedad devuelta. Esa lista contiene los mismos nombres que la lista de 21 estadounidenses que se analiza arriba. La única nueva incorporación es Bruce Cuthbertson, que figura como el que recibe acciones de varias empresas. El Sr. Cuthbertson es presidente del Comité para la Recuperación de Propiedades Estadounidenses Confiscadas en Nicaragua. Al enterarse de que su nombre estaba en la lista proporcionada por los nicaragüenses, el Sr. Cuthbertson escribió en una carta del 29 de julio de 1992: “¡ESO NO ES CIERTO! Las acciones nunca me fueron confiscadas”.
La inclusión del Sr. Cuthbertson en esta lista es aún más desconcertante desde que se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua el 11 de julio de 1992 y “le explicó que mis acciones nunca habían sido confiscadas y que, por lo tanto, no podían ser devueltas”
Dadas las limitaciones de tiempo en este primer informe, no pudimos completar nuestra investigación de cada una de las 21 personas enumeradas. Estamos en proceso de hacerlo. Los hallazgos reportados antes demuestran claramente que la lista proporcionada el 6 de julio de 1992 es una farsa.
Además, la lista actualizada del 17 de julio de 1992 incluía el nombre de una persona que se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores solo una semana antes para explicar el hecho de que su caso no se había resuelto. Solo podemos concluir que el Gobierno de Nicaragua está engañando intencionalmente al Congreso de los Estados Unidos.
Como había mencionado anteriormente, Nicaragua Investiga está haciendo un trabajo fenomenal, pero le falta la agresividad de apuntar con detalles a cada uno de los que han denunciado con lo que cada uno hizo durante el periodo del Sandinismo en los ochenta, aparte de las confiscaciones de las que fueron participes.
Esperaremos sí ellos o sí la que lleva la batuta en ese medio, Jennifer Ortiz, se atreven a mencionar a Carlos Fernando Chamorro, dueño de Confidencial y antiguo director del medio oficialista de los sandinistas en los ochenta “Barricada”, lo cual nosotros haremos cuando lleguemos a la pagina que le corresponde dentro del Reporte del Senado Estadounidense.
A como sea, lo que está haciendo Nicaragua Investiga no lo hizo Cien Por Ciento Noticias, mucho menos La Prensa, la cual adula a la señora Chamorro, ni otro medio de comunicacion llamados independientes… empezamos nosotros y ellos lo están haciendo ahora.
Hay a muchos de los que se deben de señalar, y si no lo hacen ellos lo haremos nosotros.
Lea las primeras tres partes del Reporte del Senado Estadounidense de 1992:
Primera Parte AQUÍ, Segunda Parte AQUÍ, Tercera Parte AQUÍ.
El vídeo en YouTube de Nicaragua Investiga donde Jennifer Ortiz explica sobre las confiscaciones.
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