Aún hay personas que matizan o dudan de la implicación directa del segundo al mando de la estructura militar de la época, por debajo de Humberto Ortega. Pero es imposible desvincularlo de la responsabilidad institucional. Un desplazamiento forzado masivo de más de 8,500 personas y el despliegue de tropas en el Río Coco requerían, de manera obligatoria, la coordinación y el aval logístico del Estado Mayor del Ejército que él dirigía.
MLN
Por: María Libertad Nicaragua
I. Introducción: La Memoria Incendiada del Río Coco
En la historiografía de la infamia contemporánea en Centroamérica, el epígrafe de la “Navidad Roja” (diciembre de 1981 – enero de 1982) permanece como una herida abierta e insuficientemente judicializada. Mientras el relato oficial de la primera etapa de la revolución sandinista en Nicaragua intentó revestir el atroz operativo militar en la Costa Caribe Norte como una “evacuación estratégica y humanitaria” frente a la agresión contrarrevolucionaria, la documentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmanteló prontamente la pirotecnia retórica de Managua. Lo que ocurrió en las riberas del Río Coco fue un despliegue de violencia asimétrica estatal: ejecuciones sumarias en Leimus, la reducción a cenizas de 42 comunidades ancestrales y el desplazamiento forzoso de más de 8,500 indígenas Miskitos hacia los campos de confinamiento de “Tasba Pri.”
Sin embargo, el debate histórico suele focalizarse de manera exclusiva en las figuras omnipresentes de la Dirección Nacional del FSLN o en el entonces ministro de Defensa, Humberto Ortega. Existe un vacío analítico respecto al eslabón operativo indispensable para la consumación de esta limpieza étnica de facto: la jefatura militar del Estado Mayor del Ejército
Popular Sandinista (EPS), encarnada en la época por el comandante Joaquín Cuadra Lacayo. Este artículo examina, bajo la óptica de la responsabilidad del superior y la estructura de mando, la imposibilidad fáctica del desconocimiento de Cuadra y su rol en la posterior arquitectura de la impunidad en Nicaragua.
II. La Falacia de la Ignorancia: La Estructura de Mando y el Control de Modos
En el derecho internacional humanitario y en el derecho penal internacional, el principio de responsabilidad del superior (establecido con claridad desde los Tribunales de Núremberg y tipificado en el Estatuto de Roma) estipula que un comandante militar es penalmente responsable por los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando si sabía, o debió haber sabido, que tales fuerzas estaban cometiendo dichos actos y no tomó las medidas necesarias para prevenirlos o castigarlos.
En el organigrama del EPS de diciembre de 1981, Joaquín Cuadra Lacayo no fungía como un cuadro periférico ni como un burócrata de escritorio. Como Jefe del Estado Mayor General, Cuadra era el ingeniero logístico y operativo de las fuerzas armadas nicaragüenses. Una operación de la envergadura de la “Navidad Roja” —que implicó la movilización coordinada de batallones de infantería, el uso selectivo de la Fuerza Aérea, el aseguramiento perimetral de la frontera fluvial con Honduras y la logística de reubicación masiva— requería, por definición técnica, la firma, supervisión e instrucciones precisas de la oficina del Estado Mayor.
La tesis de que las masacres focalizadas, como la ejecución de civiles desarmados bajo custodia militar en Leimus el 23 de diciembre de 1981, fueron meros “excesos de oficiales de campo aislados” se desploma ante la rigidez de una estructura militar altamente ideologizada y centralizada. En el EPS, las comunicaciones operativas y los informes de novedades de la Quinta Región Militar fluían de manera vertical y expedita hacia Managua. Joaquín Cuadra no solo estaba al corriente; él codirigía el aparato que viabilizaba la ejecución de la política de tierra arrasada en el litoral atlántico.
III. El Informe Baldizón y la Protección Corporativa del EPS
La confirmación de que el alto mando militar tuvo conocimiento explícito de las atrocidades y optó por la impunidad corporativa cobró fuerza a mediados de la década de 1980. El testimonio del teniente Álvaro Baldizón Avilés, investigador especial del Ministerio del Interior (MINT) que desertó hacia los Estados Unidos, arrojó luz sobre las dinámicas de encubrimiento dentro del Estado sandinista.
Según las investigaciones internas que llegaron a realizarse de forma confidencial para evaluar el impacto político internacional de los hechos en el Caribe, la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) identificó a los oficiales del EPS directamente involucrados en las ejecuciones sumaria de Leimus. Sin embargo, la documentación civil y los testimonios de organizaciones de derechos humanos coinciden en señalar el veto interpuesto por la comandancia del ejército: por instrucciones de la jefatura del Estado Mayor encabezada por Cuadra, se impidió el procesamiento judicial de los perpetradores en el fuero común. Los oficiales señalados fueron discretamente removidos, reasignados o protegidos bajo el manto de la justicia militar, priorizando la moral del cuerpo castrense y la cohesión de la fuerza sobre las exigencias de justicia de las comunidades indígenas.
IV. Lingüística de la Justificación: El Lenguaje del Conflicto como Escudo
La impunidad de la “Navidad Roja” no solo se garantizó mediante fusiles y archivos engavetados; se blindó a través de una sofisticada semántica de la justificación militar que quedó plasmada en los comunicados oficiales emitidos por el EPS y la Junta de Gobierno durante el apogeo de las operaciones en 1982.
Al revisar los informes oficiales que el Estado Mayor y la Cancillería nicaragüense remitieron a los organismos internacionales en marzo de 1982, se evidencia el uso de un lenguaje técnico-aséptico diseñado para deshumanizar el impacto civil. En sus comparecencias, el alto mando militar justificó la quema sistemática de viviendas y cultivos bajo la premisa de la defensa territorial, señalando textualmente en sus cartas de argumentación defensiva ante la OEA:
“El Gobierno de Nicaragua se vio obligado a tomar la decisión de trasladar a las poblaciones miskitas asentadas en la margen del Río Coco… a fin de salvaguardar la vida de los propios pobladores miskitas frente a las incursiones de las bandas contrarrevolucionarias armadas y proteger la soberanía e integridad nacional”.
Para el Estado Mayor, la destrucción absoluta de 42 asentamientos ancestrales no constituía un atropello, sino un acto benévolo de ingeniería social. El discurso oficial del EPS catalogó administrativamente el despojo de tierras y la movilización forzosa bajo el rótulo de “Operación de Evacuación y Reasentamiento Humanitario”. En los comunicados castrenses de la época se sostenía con vehemencia:
“Los traslados se realizaron respetando rigurosamente los derechos humanos de los pobladores, quienes ahora cuentan en los nuevos asentamientos de Tasba Pri con servicios de salud, educación y parcelas agrícolas que el gobierno revolucionario les garantiza en condiciones dignas, superando el aislamiento histórico al que estaban sometidos”.
Este marco retórico contrasta de forma violenta con los testimonios recogidos en el terreno por la CIDH, donde los sobrevivientes narraron cómo fueron obligados a caminar jornadas enteras bajo custodia militar mientras observaban sus iglesias y hogares arder en el horizonte. Las citas textuales de los comunicados de 1982 demuestran que el aparato comandado por Joaquín Cuadra Lacayo operó bajo una doble vía: en el plano operativo, aplicó una política drástica de tierra arrasada; en el plano lingüístico, sofisticó un relato de “rescate” que despojó a las comunidades indígenas de su condición de víctimas para convertirlas en beneficiarias forzosas del proyecto revolucionario.
Cuando décadas más tarde, en septiembre de 2005, la Asociación de Familiares de Víctimas Miskitas intentó reactivar una denuncia penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega y la otrora jefatura militar de los años 80, la respuesta del general en retiro Joaquín Cuadra revivió exactamente la misma matriz discursiva de 1982. Al calificar la demanda de “oportunismo político” de corte electoralista, Cuadra demostró la fijeza de un dogma militar: el uso de giros como “contexto de guerra”, “necesidad táctica” y “defensa de la soberanía” siguen funcionando, cuarenta años después, como el dispositivo definitivo de neutralización moral para evadir los tribunales de justicia.
V. Conclusión: El Hilo de Continuidad de la Impunidad Nicaragüense
La exoneración histórica de la que ha gozado Joaquín Cuadra Lacayo respecto a los abusos en la Costa Caribe no es un hecho aislado; es el defecto fundacional del cual emerge la crisis institucional de la Nicaragua contemporánea. La Ley de Amnistía decretada apresuradamente en diciembre de 1983 por la Junta de Gobierno sandinista —para atajar las conclusiones del demoledor informe de la CIDH— inauguró una cultura de impunidad transicional. Al consagrar que los altos mandos militares eran intocables en aras de la “estabilización del país”, el Estado nicaragüense normalizó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el desplazamiento forzoso como herramientas válidas de control demográfico y político. Joaquín Cuadra, quien años más tarde transitó hacia una postura de disidencia política frente al orteguismo y adoptó un perfil de analista moderado, nunca ha respondido ante un tribunal independiente por su rol en el diseño y encubrimiento de la “Navidad Roja”. El caso Miskito demuestra de forma axiomática que cuando la arquitectura del mando militar elude la acción de la justicia internacional, la memoria histórica es confiscada por los perpetradores.
Esta amnesia selectiva cobra un matiz aún más perverso en el escenario contemporáneo, donde el paso del tiempo y la reconversión política han permitido una mutación discursiva alarmante. Aquellos que en los años ochenta diseñaron, ejecutaron o encubrieron la “Navidad Roja” pretenden hoy presentarse ante la comunidad internacional despojados de su pasado castrense. Amparados en la impunidad que ellos mismos se decretaron, varios de estos antiguos mandos militares han instrumentalizado la causa democrática para mimetizarse dentro de las plataformas opositoras al régimen de Ortega-Murillo, arropándose bajo las credenciales de “activistas civiles” y “defensores de derechos humanos”. Sin embargo, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad desmantela este oportunismo cosmético: el derecho internacional prohíbe que el uniforme de victimario sea canjeado por el ropaje del activismo. La gravedad de esta impunidad normalizada es aterrorizante para el futuro de Nicaragua, pues advierte que, mientras las complicidades del pasado sigan subordinando la justicia a la conveniencia política, el relevo democrático del país nacerá contaminado por el mismo vicio de origen que hizo posible el horror en las riberas del Rio Coco.
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