La “única vía cívica” se convirtió en legitimación de la farsa electoral.
Por María Libertad Nicaragua
Noel Vidaurre Argüello no fue un invento del régimen. Fue un político conservador de larga data, abogado, exfuncionario de la transición de Violeta Chamorro, precandidato recurrente y, en 2021, aspirante de Ciudadanos por la Libertad. Su trayectoria le otorga peso para ser juzgado con rigor. Y ese rigor exige señalar una de las posturas más contradictorias y, a la postre, más funcionales a la dictadura Ortega-Murillo en el proceso que culminó en la farsa electoral de noviembre de 2021.
Dirigió el Partido Conservador y se postuló como candidato presidencial en 1996, 2001, 2016 y 2021, sin lograr el objetivo. Solo participó efectivamente en una elección (la de 1996), en la que obtuvo el cuarto lugar; en las demás ocasiones no llegó a figurar en la boleta electoral, pues en dos de ellas renunció a la candidatura: en 2001 (por el Partido Conservador) y en 2016 (por la Unidad Liberal/PLC), en ambos casos por diferencias internas con las dirigencias de los partidos sobre alianzas y nominaciones. En su último intento fue detenido por la dictadura sandinista Ortega-Murillo.
En febrero de 2020, en una entrevista con Jaime Bayly, Vidaurre defendió esperar las elecciones de 2021 como el camino obligado. Reconocía el dictatorial del régimen, admitía el fraude probable y, aun así, insistía en que no había otra alternativa cívica. “Si hay fraude, habrá insurrección popular”, llegó a decir.
Bayly lo ridiculizó en vivo: esperar dos años más a que Ortega organice su propio teatro electoral era, en la práctica, regalarle tiempo y legitimidad. La escena quedó como símbolo de una oposición que, en nombre de la prudencia, se ataba de manos.
Esa lógica se evidenció en 2021. Mientras el régimen aprobaba la Ley 1055 (la “ley de soberanía” que convirtió cualquier crítica o llamada a sanciones en “traición a la patria”), cancelaba partidos y preparaba la redada, Vidaurre mantenía que “son las condiciones que hay” y que el único camino era salir a votar masivamente bajo las reglas impuestas por Ortega.
Veamos la paradoja de Noel Vidaurre:
En una entrevista con Confidencial, a pocas semanas de su propio arresto, reiteró que participar era la forma de derrotar a la dictadura. Reconocía el estado policial, la ausencia de garantías y el control total del Consejo Supremo Electoral, pero sostenía que abstenerse o rechazar el proceso era, en el fondo, dejar que Ortega ganara por default. El resultado está a la vista.
En julio de 2021, Vidaurre fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Las elecciones de noviembre se celebraron sin competencia real y fueron calificadas de farsa por la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos democráticos. La abstención real, según observatorios independientes, superó el 80 %. El dictador Daniel Ortega se declaró vencedor con cifras oficiales infladas. La “vía cívica” que Vidaurre defendía terminó en cárcel, destierro y confiscación de bienes.
La crítica no es gratuita. Ir a elecciones controladas por la dictadura para “evitar la guerra”, y hacer una “insurrección popular” después de que el dictador y sus secuaces estuvieran aún más atornillados en el poder es una idea descabellada viniendo de un político con trayectoria como Vidaurre.
Era tan evidente que esas elecciones no podían ser libres, sin embargo, Noel Vidaurre y su amigo Martin Buitrago le hicieron el juego a la dictadura.
Era una “estrategia” que, en la práctica, desmovilizaba la presión cívica sostenida, restaba urgencia a la denuncia internacional y ofrecía al régimen la imagen de que “había oposición participando”. Ortega no necesitaba inventar opositores cómodos; le bastaba con que parte de la “oposición” aceptara jugar en su cancha.
Vidaurre no fue el único. Otros sectores de la oposición tradicional como el Frente Unido Democrático también se prestaron al circo electoral, priorizando la casilla electoral sobre la exigencia de condiciones.
La OPOFICCIÓN del 2020 intentó convencer al pueblo de confiar en que “el voto masivo” rompería un sistema diseñado precisamente para anularlo, a sabiendas de que la dictadura sandinista (experta en circos electorales y fraudes) no cedería ni un milímetro. Pero Vidaurre personificó con claridad la postura: “vamos a elecciones”. Un político experimentado que, frente a una dictadura que ya había demostrado en 2018 su capacidad de matar, encarcelar y desmantelar, insistió en que el calendario constitucional del tirano era el horizonte realista.
Hoy, desde el exilio y sin nacionalidad, Vidaurre puede reclamar el costo personal que pagó. Es legítimo. Pero el costo político de aquella apuesta también debe nombrarse: contribuyó a diluir la claridad estratégica en un momento en que Nicaragua necesitaba unidad alrededor de una denuncia contundente de la farsa, no de una participación condicionada a reglas dictadas por los mismos que la organizaban.
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