Por Cristian Martínez
Existen momentos en la historia de las naciones en los que una sola declaración política deja de ser una simple expresión de poder para convertirse en una confesión de culpabilidad histórica. Cuando Daniel Ortega afirma que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones presidenciales, no anuncia únicamente la clausura de un mecanismo democrático; revela, sobre todo, la naturaleza del proyecto político que ha construido durante décadas: un régimen cuyo propósito esencial ya no consiste únicamente en conservar el poder, sino en blindarse frente a la justicia.
La supresión definitiva de las elecciones no debe interpretarse como la victoria del autoritarismo, sino como la evidencia de su mayor debilidad. Los gobiernos legítimos necesitan del respaldo ciudadano; las dictaduras, en cambio, necesitan eliminar toda posibilidad de alternancia porque saben que el ejercicio libre de la voluntad popular representa la mayor amenaza para quienes han convertido el Estado en un instrumento de dominación personal. Allí donde desaparece el voto libre, emerge el miedo; donde se extingue la competencia política, florece la represión; y donde el poder pretende declararse irreversible, comienza a evidenciarse el temor de quienes conocen el peso de sus propios actos.
Sin embargo, el objetivo estratégico del régimen Ortega-Murillo trasciende la permanencia indefinida en el poder. La verdadera finalidad consiste en construir un sistema de impunidad que permita negociar, llegado el momento, una eventual transición política desprovista de consecuencias jurídicas para quienes integran la estructura de mando. No se trata únicamente de preservar privilegios políticos o económicos; se trata de impedir que los responsables comparezcan ante instancias nacionales o internacionales por la gravedad de los hechos ocurridos durante décadas y, particularmente, desde la represión iniciada en abril de 2018.
La dimensión de esa responsabilidad no puede reducirse a un debate político interno. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones forzadas, la persecución sistemática por motivos políticos, los encarcelamientos arbitrarios, los destierros, las confiscaciones ilegales, las violaciones generalizadas de los derechos humanos, la corrupción estructural y las posibles manifestaciones de criminalidad transnacional constituyen hechos cuya valoración trasciende la legislación doméstica y se proyecta hacia los principios del derecho internacional.
La experiencia histórica demuestra que los regímenes pueden modificar constituciones, controlar tribunales, neutralizar parlamentos y eliminar elecciones; lo que no pueden abolir es la responsabilidad individual derivada de los crímenes más graves contra la dignidad humana cuando corresponda conforme al derecho aplicable.
Toda arquitectura de impunidad necesita, además, un aparato coercitivo dispuesto a garantizar su supervivencia. En Nicaragua, ese papel ha recaído sobre el Ejército y la Policía Nacional. Desde la represión de 2018, ambas instituciones dejaron de preservar incluso la apariencia de actuar como órganos profesionales de la República para asumir, de manera abierta, funciones de represión política y control social al servicio del régimen Ortega-Murillo.
Aquel momento representó una ruptura definitiva con los principios de neutralidad institucional y subordinación al orden constitucional que deben caracterizar a toda fuerza armada en un Estado de Derecho.
Las recientes manifestaciones públicas del General Julio César Avilés Castillo, reafirmando una obediencia absoluta al poder político, y la actuación sostenida de la Policía bajo la dirección de Francisco Javier Díaz Madriz constituyen expresiones de una subordinación institucional incompatible con los principios de independencia y profesionalismo que exige una democracia constitucional.
La historia del derecho internacional resulta inequívoca en este punto: la obediencia debida jamás ha sido reconocida como una justificación suficiente para eximir de responsabilidad a quienes participan o colaboran en graves violaciones de los derechos humanos.
Desde los juicios de posguerra del siglo XX hasta la evolución contemporánea de la justicia penal internacional, el principio de responsabilidad individual ha prevalecido sobre cualquier argumento basado en la disciplina jerárquica.
La eliminación de las elecciones tampoco resolverá la crisis de legitimidad del régimen. Ningún decreto puede transformar la fuerza en legitimidad; ninguna reforma constitucional puede convertir la arbitrariedad en legalidad; ninguna concentración absoluta del poder puede sustituir el consentimiento libre de la ciudadanía. Los gobiernos pueden controlar el presente mediante la coerción, pero jamás pueden monopolizar el juicio de la historia.
La experiencia comparada demuestra que todos los sistemas autoritarios construyen, tarde o temprano, un relato destinado a justificar su permanencia y a negociar garantías para sus dirigentes. Sin embargo, la memoria colectiva posee una capacidad de resistencia superior a cualquier aparato propagandístico.
Las víctimas sobreviven en los testimonios; los archivos permanecen; las investigaciones internacionales se acumulan; las responsabilidades individuales se documentan; y el tiempo, lejos de extinguir las demandas de justicia, suele fortalecerlas.
Por ello, la afirmación de que “no habrá más elecciones” no constituye el desenlace de la crisis nicaragüense. Es, en realidad, la admisión de que el régimen reconoce la imposibilidad de someterse nuevamente al escrutinio de una ciudadanía libre. Es el reconocimiento implícito de que el poder ya no puede sostenerse mediante legitimidad democrática, sino exclusivamente mediante el control de las armas, la persecución política y la eliminación de toda competencia institucional.
La historia enseña una lección constante: ningún régimen autoritario ha conseguido convertir la impunidad en una condición permanente. Los gobiernos pasan; las estructuras represivas se desintegran; los aparatos propagandísticos desaparecen; pero la responsabilidad por los actos más graves permanece como una exigencia permanente de la conciencia jurídica internacional y de la memoria de los pueblos.
Nicaragua no constituye una excepción a esa regla histórica.
Porque el verdadero debate ya no gira en torno a la celebración o no de futuras elecciones. La cuestión esencial consiste en determinar si una sociedad acepta que el poder pueda utilizarse para borrar la responsabilidad por los abusos cometidos desde el Estado.
La respuesta, desde la perspectiva de los principios universales del Estado de Derecho, solo puede ser una: ninguna reforma constitucional, ningún ejército, ninguna policía y ningún pacto político poseen la capacidad de extinguir el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, ni de cancelar la responsabilidad individual de quienes, conforme a las normas aplicables y a un debido proceso, resulten responsables de los crímenes más graves que han marcado la historia contemporánea de Nicaragua.
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